Los directivos del banco Atlas podrían ser impu­tados por lavado de dinero y se expondrían a una pena carcelaria de hasta 10 años, por presuntamente no haber aplicado una debida dili­gencia para otorgar un prés­tamo hipotecario de US$ 6,5 millones a un tractorista que era el testaferro del poderoso narcotraficante Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.

Una causa fiscal fue abierta en febrero del año pasado contra varios bancos, entre ellos Atlas, de la familia Zuccolillo, por sus aparentes vínculos con Luis Carlos da Rocha, quien estaba siendo investigado en un caso anterior por narcotráfico. El Ministerio Público pudo deter­minar que dentro de la inves­tigación al mafioso aparecen indicios de faltas de diligencias de parte de algunas entidades para el otorgamiento de crédi­tos y por ende se decidió abrir otra causa puntual por el hecho punible de lavado de dinero.

Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, presidente de banco Atlas y su esposa Natalia Zuccolillo, directora del diario Abc Color y accionista del banco.

Un reglamento de la Sepre­lad, referente a la prevención de lavado de dinero y finan­ciamiento del terrorismo para los sujetos obligados supervisados por la Superin­tendencia de Bancos, entró en vigencia el primer día hábil de febrero del 2014. Sus disposi­ciones son sumamente claras y se aplican al caso de Atlas, porque el llamativo préstamo hipotecario fue otorgado en noviembre del 2015.

Entre los mandatos de la reso­lución figura la política de debida diligencia a ser apli­cada para el cliente, como la obligatoriedad de la identifi­cación y actualización de las documentaciones. En ese sen­tido expresa que “al inicio de la relación comercial, la enti­dad está obligada a identificar por medios fehacientes a sus clientes y beneficiarios fina­les”. Para ello, el banco “debe establecer procedimientos de identificación de sus clientes y beneficiarios finales, pudiendo delegar dicho proceso a terce­ros. La responsabilidad en el cumplimiento de esta obliga­ción corresponde exclusiva­mente a la entidad”.

Directorio del Banco Atlas.

Este reglamento también prevé un monitoreo de las transacciones, el cual debe contemplar medidas y contro­les que permitan a la entidad bancaria cerciorarse de que todas las operaciones y tran­sacciones realizadas por sus clientes y beneficiarios finales, durante la relación comercial, sean compatibles con su per­fil, su capacidad económica-fi­nanciera y su límite operativo autorizado, además de deter­minar que las transacciones realizadas concuerden con la actividad y capacidad econó­mica del cliente; con el propó­sito y naturaleza de la relación comercial y con el volumen de operaciones esperado.

Así también, la entidad debe hacer llenar un formulario al cliente, con todos sus datos. Para las personas físicas, debe constar de la descrip­ción de la actividad econó­mica principal (de servicio, comercial, industrial, ocupa­ción, profesión, oficio u otro). Mientras que para las perso­nas jurídicas, debe figurar la identificación del negocio o de las actividades principales del cliente, con la declaración jurada de impuestos.

Los bancos, tal como debió hacer Atlas, están obligados a aplicar medidas de debida dili­gencia ampliada a los clientes clasificados como de “riesgo alto”. Para eso, deben obtener información adicional, como su ocupación y su volumen patri­monial, sobre las razones de las transacciones que efectúa, corroborar in situ la existencia y actividad del cliente, y moni­torear constantemente el desa­rrollo de la relación comercial.

Para evaluar el riesgo del cliente, el banco debe tener en cuenta una serie de factores. En el caso de Atlas, al parecer se habría obviado, por ejemplo, la de adoptar criterios por la zona identificada de cultivo o tráfico de drogas. También debe con­siderar los datos oficiales que vayan surgiendo para ir cam­biando el perfil del cliente.

Era responsabilidad del banco Atlas conocer a su cliente que resultó ser un tractorista, que actuaba de testaferro del narco “Cabeza Branca”, y que ofre­ció como hipoteca una estan­cia que en realidad pertene­cía al mafioso criminal. Ante esta aparente mala diligencia, sus directivos se exponen hoy a fuertes sanciones adminis­trativas y penales, en el caso de corroborarse la presunción que tiene la Fiscalía.

¿A QUÉ SE EXPONE EL BANCO ATLAS?
La Ley Nº 1015, que previene y reprime los actos ilícitos des­tinados a la legitimación de dinero o bienes, establece una sanción penal para el delito de lavado de dinero, con un castigo de pena penitenciaria de dos a diez años. Se hace la salvedad que el juez podrá dejar de apli­car la pena al coautor o partí­cipe si este colabora espontánea y efectivamente con las autori­dades para el descubrimiento del ilícito, para la individualiza­ción de los autores principales o para la ubicación de los bienes, derechos o valores que fueron objeto del delito.

La normativa establece además agravantes para los empleados, funcionarios, directores, pro­pietarios u otros representan­tes autorizados de los sujetos obligados que tengan participa­ción en el delito de lavado.

Para las personas jurídicas se establece una sanción adminis­trativa, que va desde una nota de apercibimiento, amonesta­ción pública, multas de entre el 50% y 100% de la opera­ción infractora, hasta una sus­pensión temporal de treinta a ciento ochenta días.

La iniciativa contaba con media sanción en la Cámara Baja, pero en sesión extraordinaria de la Cámara Alta fue rechaza, teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión de Legislación, que sugirió el rechazo.

Tiene por objeto establecer la normativa aplicable a la tenencia de perros potencialmente peligrosos, para hacerla compatible con la seguridad de personas, bienes y de otros animales. Para la senadora Celeste Amarilla, se trata de una cuestión que se debe regular con instrumentos jurídicos menores y no con una Ley.

La iniciativa surgió tras los reiterados casos que involucraron a perros de la raza pitbull donde personas o animales terminaban dañados físicamente.

El tema fue suficientemente debatido, con audiencias públicas, consultas con profesionales e instituciones correspondientes.

Cabe recordar la vigencia de la ley N° 5.892/17, que modifica los artículos 10° y 38° de la Ley N° 4.840/13 - “De protección y bienestar animal”, que establece entre las funciones de la Dirección de Bienestar Animal, una reglamentación para la tenencia de animales peligrosos.

El fiscal Jorge Escobar, responsable de la investigación, formuló la imputación contra el agente del Grupo Lince porque carecía de registro de conducir al momento en que ocurrieron los hechos.

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La tragedia ocurrió el pasado 24 de abril cuando un vehículo Toyota, modelo Premio, en el que iban cinco personas para el egreso del curso Lince en el complejo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), fue arrastrado por el raudal hasta un arroyo ubicado detrás del Club Valderrama.

Madre e hija murieron en el siniestro, y tres agentes del Grupo Lince lograron salir del vehículo, uno de ellos era quien manejaba el rodado y, según los datos, solicitó su registro un día después del accidente.

“Eso se pudo contrastar con la OPACI, que es la organización que nuclea a los organismos municipales, donde se pudo constatar la misma información, por lo tanto hemos solicitado la ampliación de la imputación. Pedimos también las medidas alternativas para este efectivo policial” explicó el fiscal a la radio 780 AM.

La carencia de licencia es un delito penal tipificado en el artículo 217, que tiene dos incisos, uno de ellos habla de la exposición al peligro en el tránsito terrestre, hecho por el que el agente Lince fue imputado.

En la causa ya está imputado el intendente de Luque, Carlos Echeverría, por los delitos de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo.

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Se trata de dos grupos de jinetes uruguayos que iniciaron una travesía a caballo hasta Paraguay, recreando el mismo camino que realizó el General José Gervasio Artigas al ser aceptado su pedido de exilio por parte del Dr. Rodríguez de Francia en 1820.

El proyectista del documento fue el diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), quien manifestó que los jinetes uruguayos realizaron un recorrido de 1.000 kilómetros a caballo hasta nuestra ciudad capital, Asunción.

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“30 jinetes y 42 caballos hicieron el mismo recorrido del padre de la patria uruguaya, militar, político y estadista, Gral. José Gervasio Artigas, quien lideró la guerra de la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata, considerado jefe de los orientales y protector de los pueblos libres”, expresó.

El legislador agregó que este reconocimiento lleva el nombre de “Padres de la Patria”, un premio para instituciones, organizaciones públicas o privadas cuya labor, aporte, servicios y logros redunden en beneficio del país.

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Remarcó que los jinetes son portadores de mensajes de paz, hermandad, fraternidad y solidaridad de los niños escolares del Uruguay a los niños de la Escuela Uruguaya en Asunción.